SEAM prosigue con sumarios a varios responsables de balnearios que infringieron normativas ambientales

Viernes, 29 Diciembre, 2017 - 13:34
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ), se encuentra tramitando sumarios administrativos a responsables de playas y balnearios intervenidos como consecuencia de varios procesos de fiscalización realizados en todo el país.Estas intervenciones se realizaron a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), en el marco de las distintas acciones ambientales encaradas con miras a la gestión adecuada del sector.Los sumarios administrativos abiertos en consecuencia se refieren a hechos de incumplimiento a obligaciones ambientales detectadas, principalmente carencia de licencias ambientales para operar y de las cuales varios sitios todavía se encuentran en trámites y pendientes de conclusión próximamente.»Lugares que abarcan los sumariosLos sumarios administrativos diligenciados por la DAJ de la SEAM corresponden a balnearios ubicados en los departamentos de Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú, que fueron intervenidos.»Normativa transgredidaTales procesos son consecuencia de la vigencia de la Resolución 159/05 “Por la que se establecen los requisitos que deben adoptar playas y balnearios de todo el país para su habilitación por parte de las Municipalidades”, ya que conforme con esta normativa estos lugares de esparcimientos para ser habilitados deberán contar con licencia ambiental (obligación establecida en la Ley 294/93) y además reunir los requisitos establecidos en la citada resolución.A través de la normativa mencionada, la SEAM implementó en su oportunidad un procedimiento único para las playas y balnearios del país en lo referente a su habilitación y condicionó a la autorización de estas actividades por parte de los municipios, previa licencia ambiental.En consecuencia, la falta de cumplimiento de estas obligaciones, verificadas en varios procedimientos de control en distintos operativos que la SEAM ha venido realizando, determinó la apertura de procesos administrativos a balnearios y playas por incumplir las disposiciones vigentes.»Responsabilidades emergentesDe acuerdo con el Decreto 2598/14 (que regula las multas a ser aplicadas por la SEAM en caso de infracción a sus disposiciones), las sanciones previstas y aplicables a las playas y balnearios que no cuenten con licencia ambiental oscilan desde 3.001 a 10.000 jornales mínimos, además de otras medidas que pudieran ser previstas. 

SEAM recuerda que disposición final de los residuos es responsabilidad de los municipios

Viernes, 29 Diciembre, 2017 - 13:16
La Secretaría del Ambiente (SEAM) recuerda que la gestión de los residuos sólidos es responsabilidad de los municipios en todo el país, teniendo en cuenta que la problemática de la basura en las ciudades puede generar brotes epidémicos de enfermedades, como dengue, chikungunya y zika. Dicha obligación está dada en la Ley 3956/09, que regula la producción y gestión de los residuos sólidos, tendiente a evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental.En efecto, la Ley 3956/09 obliga a todos los municipios a la gestión integral de los residuos sólidos, la que debe ser sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de prevención y control de impactos negativos sobre el ambiente y la salud humana.Esta gestión integral de los residuos abarca tanto los procesos como los agentes que intervienen en las etapas de generación, recolección, almacenamiento, transporte, transferencia, tratamiento o procesamiento y aprovechamiento, hasta la disposición final, y cualquier otra operación que los involucre.La SEAM cuenta con facultades para regular, examinar y resolver la aprobación o el rechazo de cualquier proyecto de gestión integral de residuos sólidos, pudiendo efectuar inspecciones, verificaciones, mediciones y demás actos necesarios para la correcta implementación de estos proyectos.Sin embargo, conforme al art. 9 de la referida ley, es competencia de las municipalidades, la protección del ambiente y la cooperación con el saneamiento ambiental, especialmente en lo referente al servicio de aseo urbano y domiciliario, comprendidas todas las fases de gestión integral de los residuos sólidos.Según la normativa señalada, corresponde a los municipios prestar de manera eficiente, en forma directa o a través de terceros, los servicios comprendidos dentro de cada una de las etapas de gestión integral de los residuos sólidos, entre las que se ubica la disposición final de los residuos (en rellenos sanitarios que cuenten con licencia ambiental).En tal sentido, los residuos que no puedan ser reciclados y procesados por intermedio de las tecnologías disponibles, deben destinarse a un sistema de disposición final permanente, mediante rellenos sanitarios, siendo responsabilidad del municipio –de acuerdo con el art. 30 de la Ley 3956– la disposición final de los residuos sólidos generados en su jurisdicción.Por tanto, compete a todas las municipalidades del país, sobre la base de las normativas vigentes, tener habilitada un área apropiada para la disposición final de los residuos, la que previamente debe contar con licencia ambiental.

SEAM comunica

Viernes, 29 Diciembre, 2017 - 09:56

Municipios deben gestionar adecuadamente la basura para evitar propagación de enfermedades

Jueves, 28 Diciembre, 2017 - 11:40
La temporada veraniega es la época en que abundan los vectores transmisores de enfermedades como dengue, chikungunya y zika, por lo tanto, es fundamental la adopción de medidas pertinentes para prevenir y controlar eventuales brotes epidémicos en todo el territorio nacional. En este sentido, es sumamente relevante tomar los cuidados necesarios, principalmente cuando se trata de eliminar la basura.Por ello, surge la necesidad de conocer los roles y competencias vinculadas a gestión de esta problemática.En este orden, la SEAM considera conveniente recordar a la población que la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU) es responsabilidad de todos los municipios del país, según la Ley 3956/09, que se encuentra vigente. En la normativa se estableció un régimen jurídico aplicable a la producción y gestión responsable de los RSU, tendiente a evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental.La citada ley obliga a la gestión integral de los residuos sólidos, la que debe ser “sanitaria y ambientalmente adecuada”, con sujeción a los principios de prevención y control de impactos negativos sobre el ambiente y la salud humana.Dicha gestión integral comprende, tanto los procesos como los agentes que intervienen en las etapas de: generación, recolección, almacenamiento, transporte, transferencia, tratamiento o procesamiento y aprovechamiento, hasta la disposición final, así como cualquier otra operación que los involucre.La SEAM cuenta con facultades para “regular, examinar y resolver la aprobación o el rechazo de cualquier proyecto” de gestión integral de residuos sólidos, pudiendo efectuar inspecciones, verificaciones, mediciones y demás actos necesarios para la correcta implementación de estos proyectos.Sin embargo, según la Ley 3956/09 es competencia de los municipios, la protección del ambiente y la cooperación con el saneamiento ambiental, especialmente en lo referente al servicio de aseo urbano y domiciliario, y comprendidas todas las fases de gestión integral de los residuos sólidos.Además, la ley dispone como “obligación de los municipios” prestar de manera eficiente, en forma directa o a través de terceros, los servicios comprendidos dentro de cada una de las etapas de gestión integral de los residuos sólidos, entre las que se ubica la disposición final de los residuos.Por tanto, compete a las municipalidades sobre la base de la ley tener habilitadas áreas apropiadas para la disposición final de los residuos (en rellenos sanitarios), las que previamente deben contar con licencia ambiental.»Consecuencias de la mala disposición de la basuraLa mala disposición de los residuos, además de impactar en la calidad de vida de los ciudadanos en cada localidad, puede generar responsabilidades de índole legal tanto administrativas, como penales, por lo que su gestión adecuada corresponde a un imperativo de interés para cada municipio que debe obrar en consecuencia.

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